El Gobierno peruano espera el fin del paro por la exportación de gas para abrir el diálogo

El Gobierno peruano quedó hoy a la espera de que se levante el paro indefinido en la región de Cuzco (sureste), que ya cumple 10 días, para sentarse a dialogar con los dirigentes sociales que encabezan las protestas de rechazo a la exportación del gas natural.

El Gobierno peruano espera el fin del paro
por la exportación de gas para abrir el diálogo

Con este propósito, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica facilitaron una reunión de coordinación en la ciudad de Quillabamba entre el jefe de la Unidad de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ronald Ibarra, y los dirigentes de los comités de lucha de varias localidades de la provincia de La Convención.

En esta provincia se encuentra el yacimiento de gas natural de Camisea, foco de las protestas desde hace diez días.

La exportación del gas natural peruano, que ya comenzó con envíos a México y España, es objeto de una fuerte oposición dentro del país.

Las provincias del sur y los sectores de izquierda protestan porque el gas no llega a la zona donde se produce y porque su venta en Perú es más costosa para el consumidor que en el caso del gas exportado.

Ibarra dijo hoy a Radio Programas del Perú (RPP) que se pidió a los líderes de la protesta que permitan el tránsito de vehículos y la reanudación de las actividades comerciales para programar la visita mañana a Quillabamba del primer ministro, Javier Velásquez, y otros integrantes del gabinete.

El representante oficial también manifestó su temor de que los dirigentes con los que han dialogado, que no identificó, no tengan la representatividad de todos los sectores involucrados en las protestas, entre los cuales también figuran comunidades nativas.

Por su parte, el adjunto de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, manifestó a RPP que los dirigentes se reúnen ahora con sus bases en una asamblea para consultarles la posibilidad de levantar las medidas de fuerza con el fin de "abrir la posibilidad del diálogo".

A su turno, el obispo Francisco González, de la vicaría de la vecina ciudad de Puerto Maldonado, informó que la Conferencia Episcopal Peruana le envió una carta a Velásquez ofreciendo su mediación en el diálogo con los manifestantes, pero que hasta ahora no había recibido su respuesta.

El religioso recomendó al primer ministro dejar de lado los juicios de valor que ha emitido contra los promotores del paro, como la sospecha de que están infiltrados por remanentes de la banda armada Sendero Luminoso, si es que desea realmente resolver el conflicto en esta región del país.

Durante la mañana, el jefe del gabinete ministerial había declarado que las autoridades en La Convención, cuya capital es Quillabamba, han sido rebasadas por dirigentes "violentistas" de grupos políticos como Pukallaqta, vinculado a Sendero, y el etnocacerismo, movimiento indigenista radical.

Velásquez reiteró que el Gobierno tiene disposición al diálogo, pero que no lo hará mientras no se depongan las medidas de fuerza en La Convención, una provincia del sureste peruano que recibe anualmente 142 millones de dólares como regalías por la explotación del gas natural, según anotó.

Diversos reportes desde Quillabamba y del centro poblado de Kiteni, donde ayer hubo un violento enfrentamiento con la Policía, señalan que el cierre de los comercios sigue en pie, al igual que el bloqueo de las principales carreteras.

Asimismo, el canal N de noticias informó que se enviaron refuerzos de la Policía para resguardar los campamentos de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), que fueron blanco de los ataques y robos de los manifestantes en los últimos días.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, confirmó hoy en Lima que los enfrentamientos entre la Policía peruana y los manifestantes que ingresaron ayer a varias instalaciones de (TGP), que distribuye el gas del yacimiento de Camisea, dejaron 18 heridos y aclaró que no hay detenidos ni desaparecidos.

Además, Merino exhortó, en un pronunciamiento público, a las autoridades del Poder Ejecutivo y a los dirigentes de la provincia de La Convención a retomar el diálogo para evitar que "el conflicto se amplíe y se intensifique".

La defensora subrayó que "la responsabilidad de los líderes democráticos de un país radica en su capacidad de tender puentes y allanar el camino para un tratamiento pacífico y satisfactorio de las diferencias", teniendo en cuenta otras situaciones de violencia que ha atravesado el país en años recientes.

"Las posiciones extremas e intolerantes respecto de problemas sociales que pueden ser tratados por la vía del diálogo solo producirán más violencia y pondrán en riesgo la vida, la integridad y la tranquilidad de las personas", afirmó Merino

Fuente: Agencia EFE S. A. 2010